Septiembre de 2015 - Nº 47  
 
 
 
 
 
 
     
 

Los empresarios agrícolas –personas físicas o jurídicas– que usen semilla de “uso propio” de soja deberán presentar ante el Inase una Declaración Jurada sobre el origen de la semilla reservada para sembrar en el ciclo 2015/16 en caso de registrar una facturación anual superior a 1,80 millones de pesos.

Tal obligación –dispuesta por la reciente resolución 187/15– revalida una normativa vigente desde 2007 (resolución 80/07) con algunas modificaciones.

Antes del 31 de enero de 2016 los productores deberán presentar ante el Instituto Nacional de Semillas (Inase) una Declaración Jurada con información sobre ubicación del predio, superficie sembrada, kilogramos de semilla de soja utilizada, variedades y documentación que avale el origen legal de las mismas.

Y antes del 30 de junio de 2016 el empresario agrícola, en caso de emplear semilla de propia producción en la siembra de soja, deberá entonces completar la Declaración Jurada con información de la cantidad de semilla reservada para uso propio, variedades y el lugar donde la misma se encuentra almacenada.

Una vez cumplidos tales requisitos, la resolución 187/15 indica que “el Inase entregará al productor el certificado de semilla de soja de uso propio”. Y añade que “el productor agropecuario procederá a rotular los envases de la semilla de soja de uso propio, para lo cual podrá usar copia del certificado emitido por el Inase”.

La resolución 80/07 indicaba que los datos informados por los productores eran “de carácter confidencial y de uso reservado del Inase”. Pero la nueva normativa 187/15 determina ahora que la información proporcionada por los productores “podrá ser complementada con otros registros existentes o a crearse a efectos de facilitar el control y la fiscalización de la comercialización y uso de semilla”.

En los fundamentos de la medida se indica que los datos requeridos “tienen como objetivo mejorar la capacidad de control a fin de poder diferenciar la semilla de uso propio” de carácter legal de aquella “proveniente del mercado ilegal con el objetivo de poder tomar las medidas necesarias para combatir esta última”.

Fuentes consultadas del Inase indicaron que “quienes no envíen o falseen la información y quiénes en los controles e inspecciones presenten irregularidades, serán sancionados”. Y añadieron que “las sanciones se aplicarán de acuerdo a cada caso: puede ser un apercibimiento o una multa, según la infracción”.

El artículo 27 de la Ley de Semillas (20.247/73) prevé que el productor que reserva su propia semilla para sembrarla no requiere de autorización del propietario de la variedad. Es decir: el productor, luego de haber comprado semilla, puede seguir multiplicándola en su campo sin requerir autorización del obtentor. Pero la resolución 35/96 establece que la excepción del agricultor –el “uso propio”– se configura siempre y cuando la semilla original haya sido adquirida legalmente.

En 2006 la entonces Secretaría de Agricultura (Sagpya) dictó la resolución 338/06, por medio de la cual determinó que un agricultor puede hacer uso propio sin pedir autorización al obtentor cuando el volumen de semilla de uso propio de esa variedad sea igual al volumen de semilla legal adquirida originalmente. Es decir: si en el año uno se compraron 100 bolsas de semilla fiscalizada, en el año dos, tres y sucesivos sólo puede hacerse uso propio siempre que la nueva siembra no supere la cantidad de hectáreas o de semillas sembradas en el año uno. Pero la resolución 338, si bien está vigente, aún no es aplicable porque la misma no fue reglamentada